Alcaldía de Valledupar impulsa ruta de solución al conflicto entre pueblos indígenas en Sabana Crespo

Periodista

Ante el reciente conflicto entre los pueblos indígenas arhuaco y kankuamo en el corregimiento de Sabana Crespo, la Alcaldía de Valledupar, en cabeza del alcalde Ernesto Orozco Durán, lideró un Consejo Extraordinario de Seguridad para articular soluciones y garantizar el respeto a los derechos humanos.En el encuentro, que contó con el respaldo de la Gobernación del Cesar, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y representantes de ambas comunidades, se acordó una visita de verificación a los territorios en disputa. Esta medida busca constatar las condiciones reales del conflicto y avanzar hacia un proceso de retorno seguro para las familias desplazadas.El secretario de Gobierno, Jorge Pérez Peralta, enfatizó que el plan de retorno debe estar basado en tres principios: voluntariedad, seguridad y dignidad. “Dos de estos principios dependen del acuerdo interno entre los pueblos, y el tercero está garantizado por la acción integral de la Fuerza Pública”, aseguró.A su vez, el secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla Vásquez, confirmó que el acompañamiento institucional llegará directamente a la zona para verificar si existen condiciones para el retorno de las familias afectadas, mientras se avanza en la solución del conflicto por el predio Montesión.Entre las decisiones adoptadas, se acordó también convocar al Consejo Territorial de Cabildos, máxima instancia de diálogo entre los pueblos indígenas, como mecanismo para facilitar un acuerdo pacífico y duradero.El conflicto se centra en la compra de un predio de 24 hectáreas por parte del pueblo Kankuamo, en un área que los arhuacos reclaman como ancestral, situación que recientemente desencadenó alteraciones del orden público y un enfrentamiento con personas lesionadas.La administración municipal reafirma su compromiso de continuar en labores de mediación, diálogo y acompañamiento, con el respaldo de instituciones como la Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, para garantizar una solución integral y respetuosa de las tradiciones y derechos de ambos pueblos.