Ministerio de Defensa y Ejército Nacional pidieron perdón a familias de asesinados en falsos positivos
noviembre 16, 2025
Periodista
Como una forma de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la región y reconociendo la importancia de construir, desde la institucionalidad, un camino hacia la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, el Gobierno del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Paz, acompañó el Acto de Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad por 23 Ejecuciones Extrajudiciales. El acto fue liderado por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, en Valledupar.
Durante el acto, realizado en el auditorio de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional reconocieron públicamente responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 23 personas, entre los que se encontraban indígenas de las etnias Wiwa, Kankuamos y Wayuu, así como menores de edad.
Las víctimas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate por parte de integrantes adscritos a los batallones de Artillería N°2 La Popa y Grupo de Caballería Mecanizado N°2 Juan José Rondón, entre 2004 y 2006.
Entre las víctimas se cuentan Noemí Pacheco Zabata, niña indígena Wiwa de 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; el wiwa Carlos Alberto Vega Camacho; Los indígenas wayúu Javier Pushaina Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gasparito Cambar Ramírez, todos de16 años; Néstor Oñate Arias, indígena Kankuamo, ejecutado tras ser sacado de la finca donde vivía; y Víctor Hugo Maestre, reconocido líder comunal, entre otros.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien presidio el acto, dijo: “estos hechos que hoy recordamos con profundo dolor jamás debieron ocurrir y por ningún motivo podrán repetirse. Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron victimas de acciones criminales y reprochables, cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia”.
Las investigaciones judiciales demostraron que en ninguno de los casos existió confrontación alguna, que las víctimas estaban desarmadas y que los cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados para fabricar resultados operacionales.
Las decisiones judiciales también señalaron que estas ejecuciones se dieron en un contexto sistemático de violencia contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y contra jóvenes de sectores populares del Caribe.
El hijo de Manuel Romero, una de las víctimas, durante el acto dijo que fue un hecho ocurrido hace 23 años: “Fue muy duro para nosotros, mi papá era proveedor del hogar. Nosotros los perdonamos a ustedes, porque no quiero vivir con este resentimiento de que a mi papá lo mató el Ejército”.
