Nuevo concepto sobre reforma laboral

Redacción Portada

En el nuevo concepto, el Ministerio del Trabajo asegura que “el recorte de derechos no genera empleo”.

Así lo señaló Gloria Inés Ramírez Ríos, ministra de Trabajo, durante el “Foro Internacional por la Transformación del Trabajo: una mirada desde la academia”, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo), refiriéndose a la ineficacia de las leyes promulgadas en las últimas décadas para abordar el desafío de generar empleo y reducir la informalidad laboral.

En sus declaraciones, la funcionaria señaló que “a pesar de los esfuerzos legislativos realizados en años anteriores, estas leyes no lograron alcanzar los objetivos planteados. En vez de reducir la informalidad y promover la creación de empleo formal, la situación ha persistido y sigue representando un problema para la economía y los trabajadores del país”.

“Un ejemplo de ello es lo que pasó con la Ley 789 de 2002, que se trazó como meta atacar el desempleo y la informalidad laboral, siendo estos sus dos objetivos económicos. Entonces lo que se hizo fue reducir los costos laborales recortando los derechos de los trabajadores”, expresó la ministra Ramírez Ríos.

Agregó que, “una de las medidas fue la ampliación de la jornada diurna, que se extendió de 6 de la mañana a 10 de la noche; así se recortó el recargo nocturno del 35 % para abaratar el costo laboral. Lo mismo ocurrió con los festivos laborales y dominicales: el pago estaba al 100 % y se bajó al 75 %”.

La ministra también aludió al pago de indemnizaciones por el despido sin justa causa: “esta es una política para desincentivar que se despida a la gente si no hay una causa justa y se abarató: de 45 días base que traía la Ley 50, se pasó a 25 días”.

“Dichas normas, al seguir vigentes después de 22 años, para cada uno de los 1.600.000 trabajadores que tiene el país, ha representado una pérdida de 33 millones de pesos”.

Sobre la reforma

En marzo de 2023, el Gobierno nacional presentó dos importantes proyectos de ley: (i) la Reforma Laboral “Trabajo por el cambio” y (ii) la Reforma al Sistema Pensional “Cambio por la vejez”. Estas iniciativas tienen como objetivo principal generar propuestas estructurales que promuevan la protección, la garantía de los derechos laborales, la seguridad social y la estabilidad en el ámbito laboral, al mismo tiempo que impulsen el desarrollo económico del país.

Uno de los puntos críticos en el que se pretende trabajar y mejorar con esta reforma es la informalidad y el desempleo. Según la ministra, “en el ámbito laboral la tasa global de participación en el país es de un 64,3 %, lo que indica que la fuerza de trabajo son 24 millones de personas, pero lo preocupante es que la tasa de desempleo es el 58 %”.

“En Colombia la tasa de desempleo es de 10 % y la meta con el actual gobierno es llevarla a un solo dígito. La informalidad representa un gran problema, así que el reto está en cómo generamos un trabajo digno y decente para que todos estos sectores se puedan formalizar, y que así se puedan tener garantías en la seguridad social, que es un indicador claro de las condiciones de un trabajo digno y decente”.

Así, la informalidad laboral conlleva grandes desafíos en Colombia y representa una gran problemática socioeconómica. La falta de empleo formal, junto con la ausencia de seguridad y protección laboral para los trabajadores son factores que inciden en la existencia de un alto número de trabajadores que no cuentan con contratos formales y beneficios laborales.

Muchas personas se ven obligadas a buscar trabajo en el sector informal debido a la escasez de empleos formales disponibles que, según expertos, se debe a una baja inversión y al limitado crecimiento económico, así como a la falta de acceso a educación de calidad que limita las oportunidades de empleo.

Por su parte Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, dijo que “en esta reforma laboral no se plantea cambiar la Constitución de nuestro Estado social de derecho, lo que proponemos es cumplirla” .

“Cuando nosotros ponemos en discusión el costo del despido sin justa causa es claro que se confronta la libertad de los empresarios –que creen que es absoluta–, con la libertad de los trabajadores”, agregó.

Precisamente en esta reforma radicada, la UNAL ha aportado mediante la generación de datos estadísticos e históricos. La profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Institución, subrayó que “a la Universidad le importa lo que acontece en todo nuestro país, y parte de nuestra tarea también es hacer política pública”.

“Desde las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de Ciencias Económicas y de Ciencias, y con el área actuarial que tenemos, y que nos permite tener 800.000 datos para analizar las reformas laborales a lo largo de la historia en Colombia, hemos aportado a la discusión de esta reforma laboral”, puntualizó.

En el evento también participaron la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).