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Nacional

Colombia, segundo país en Latinoamérica en reconocer desplazamientos forzados por desastres naturales y cambio climático

abril 23, 2024


Redacción Portada


El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-123 en la que reconoce que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno multicausal que afecta a millones de personas en el país y que en muchas ocasiones corresponde a razones ambientales.

La sentencia fue emitida en el marco de una acción de tutela presentada por una pareja de adultos mayores campesinos, con el acompañamiento de la clínica jurídica del Grupo de Acciones Públicas – GAP de la Universidad del Rosario, quienes se vieron desplazados de su predio producto del desbordamiento del Río Bojabá en el municipio de Saravena, Arauca.

El caso demostró que en Colombia existe un vacío legal y regulatorio respecto del fenómeno de desplazamiento forzado por razones ambientales que es necesario resolver, pues hasta la fecha el desplazamiento solo se había contemplado por causas asociadas al conflicto armado, en un país con altos índices de desastres naturales.

La Corte presenta un fallo con efecto “inter comunis”, al considerar que otras personas de la comunidad se pudieron ver afectadas por el mismo fenómeno y les cubre la sentencia, explicó dijo María Lucía Torres, directora del GAP de la Universidad del Rosario

“La sentencia, adicionalmente, reconoce la necesidad de una reglamentación integral en materia de desplazamiento, que contemple las obligaciones estatales de previsión, atención y recuperación para los desplazados, sin importar la causa que origine dicha situación. Por lo tanto, la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a desarrollar un marco normativo para afrontar el fenómeno del desplazamiento forzado”, agregó la directora del GAP de la Universidad del Rosario.

.El reconocimiento de los desastres naturales y el cambio climático como factores generadores de desplazamiento forzado interno reafirma lo dicho por la Organización de Naciones Unidas desde 1998, pues se encuentran reunidos todos los elementos jurídicos para que se configure tal fenómeno y atender a los desplazados por violencia con todas las garantías de derechos humanos y no a aquellos que se desplazan por desastres naturales, sería introducir una causal de desigualdad en el trato a población vulnerable que requiere el despliegue integral del Estado.

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