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Política

Conservadores cesarenses buscan regular servicios públicos

octubre 6, 2022

Ape Cuello, congresista cesarense.


Redacción Portada


Que las empresas de servicios públicos emitan facturas conjuntas para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su objeto, pero el pago y la suspensión sea por separado, piden los ‘Representantes Azules del Cesar’ Ape Cuello y Libardo Cruz, quienes sometieron a consideración de la Cámara de Representantes, la modificación de la Ley 142 de 1994.

“Si una familia tiene para pagar el agua pero no el aseo, que le sea permitido y después pague el aseo, pero que no le corten todo por falta del recurso”. Explicó Ape Cuello.

Piden que la supervisión, vigilancia y control sea de la superintendencia de servicios públicos. En esta propuesta se garantizará la intervención del Estado en la prestación del servicio.

Piden que la facturación del servicio de energía eléctrica solo se emita de forma conjunta con el servicio de alumbrado público.

La Ley que buscan modificar, se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, alumbrado público, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada, y la telefonía local móvil en el sector rural e internet fijo.

También contempla que los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios – CODECS, conformados por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno o más servicios públicos, podrían recibir aportes financieros del Estado, a través de los ingresos por el valor de las multas, así como donaciones de organizaciones no gubernamentales.

Entre muchas disposiciones, piden que el alumbrado público y el internet fijo, sean catalogados como servicios públicos domiciliarios. Además que sean implementados por una normativa más robusta y desarrollada como lo es, la Ley 142 de 1994.
 
Otra disposición entre las muchas pedidas por los Representantes Cuello y Cruz es la regulación de la facturación por promedio cuando no sea posible medir el consumo real, toda vez que en época de pandemia se evidenciaron constantes abusos, pues hogares que incluso estaban vacíos seguían cancelando facturas con altos costos, lucrándose la entidad prestadora, sin mediar una justa causa.
 
El proyecto de modificación busca ayudar a los usuarios y regular a las empresas.

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