Defensor del Pueblo habla sobre regreso 100% a la presencialidad

Redacción Portada

“Es inconcebible que casi dos años después de la pandemia cerca de 2,2 millones de estudiantes no hayan regresado a las aulas de clase. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes es un deber de las familias, la comunidad educativa, en especial los directivos docentes, así como de las gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación y debe convertirse en una prioridad, lo que hace necesario adoptar medidas urgentes y decisivas para recuperar el aprendizaje perdido y asegurar el regreso a clases presenciales”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo destaca el anuncio del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social de regresar a la presencialidad total en colegios y universidades para este 2022; pero también hace un llamado para que al sector educativo se le cumplan con los elementos de bioseguridad necesarios para el desarrollo de las actividades escolares y curriculares complementarias, así como en los servicios de alimentación escolar y transporte”, agregó el Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo le ha hecho seguimiento a la Resolución Defensorial 477 de 2021, por medio de la cual el Defensor del Pueblo realizó recomendaciones frente a la garantía de los derechos a la educación y la salud, mediante la implementación del ‘Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano’.

Como parte de esa labor, se sabe que al 29 de octubre de 2021 existía un registro de 31 secretarías de educación con un avance entre el 40% y el 70% de estudiantes en la presencialidad y dos (Santa Marta y Barrancabermeja) que registraron un avance inferior al 40%.

Por esto, la Defensoría del Pueblo insiste a las autoridades departamentales, municipales, secretarías de educación, docentes y comunidad educativa que cumplan con los protocolos de bioseguridad y los actos administrativos de acuerdo a la Resolución 2157 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, para así garantizar a los niños, niñas y adolescentes un mejor aprendizaje y, especialmente, un regreso seguro.

De la misma forma, considera fundamental que el Ministerio de Educación trabaje en medir y evaluar los niveles de aprendizaje y recuperar las falencias causadas por la virtualidad. También es necesario que se capte la realidad actual para trabajar en el diseño de políticas de recuperación o de aceleración adecuadas en todo el país.

Según la UNESCO, Colombia registra 77 semanas de cierre de los colegios afectando el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia para el 2021 se matricularon 9.968.865 estudiantes, de los cuales 2.175.713 no regresaron a las aulas de clases.

La pandemia ha generado impacto en la protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como un asunto asociado al cierre de centros educativos. A esto se suma la dificultad de algunos padres y madres para brindar cuidado y acompañamiento durante las clases virtuales, el acceso limitado a internet y los inconvenientes para usar las herramientas tecnológicas, que han repercutido en la deserción educativa. Según el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), para el 2020 se estimó la deserción total en 2,7%.

Por otro lado, la inasistencia escolar ha exacerbado la violencia contra la niñez y adolescencia. A octubre de 2021 se reportaron 4.685 casos de violencia intrafamiliar, 3.847 casos de violencia interpersonal, 227 suicidios y 14.690 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes.

La presencia de grupos armados al margen de la ley en zonas rurales y urbanas expone a los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados, usados y utilizados en el conflicto armado. Entre 2020 y 2021, la Defensoría emitió 70 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo de reclutamiento, uso y utilización, especialmente en Cundinamarca, Amazonas, Putumayo, Antioquia y Valle del Cauca.