Por una eventual adquisición de los predios, adelantaron inspección judicial en Sabana 1 de Valledupar
diciembre 16, 2024
Redacción Portada
En cumplimiento de la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional que impone medidas para solucionar la situación de la ocupación ilegal del perdió sabana 1, pero que además ordena proteger los derechos humanos de sus ocupantes, la alcaldía de Valledupar acompañó una inspección judicial liderada por el Juez Quinto Civil del Circuito, Roger Carrillo en estos terrenos.
El recorrido que se realizó el pasado 13 de diciembre, se enmarca dentro de la solicitud de modulación radicada por la Oficina Asesora Jurídica del municipio para cumplimiento de la sentencia mencionada que tiene relación directa con el bienestar de más de 20.000 personas, de las cuales, el 75 % son objeto de especial protección constitucional.
Durante la inspección, se verificaron los límites del terreno y las condiciones de los asentamientos con el fin de avanzar en los estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos necesarios para una eventual adquisición de los predios, medida que busca garantizar la estabilidad jurídica de sus habitantes.
“Hoy, la Administración Municipal se encuentra acompañando una diligencia ordenada por un juzgado del municipio, con el propósito de identificar los predios denominados Sabana 1. El alcalde ha asumido el reto de buscar soluciones definitivas a este problema, por eso, ha solicitado ante el juez de tutela una modulación, de tal manera que se involucre a más entidades y se pueda lograr la compra de estos predios para buscarle soluciones a esta población”, indicó el secretario de Gobierno, Jorge Luis Pérez Peralta.
La diligencia también contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Oficina Asesora Jurídica, Planeación Municipal y la Casa de Justicia y Convivencia Ciudadana y Oficina Jurídica de la Gobernación del Cesar. Este esfuerzo interinstitucional responde a la solicitud del alcalde Ernesto Orozco de darle modulación a la sentencia para involucrar a más entidades nacionales, y asegurar una solución integral a este problema que lleva más de una década afectando el desarrollo del municipio.
