Valledupar se quedaría a oscuras desde el 30 de abril

Redacción Portada

Valledupar podría quedar sometida a la voluntad de la oscuridad y de las decisiones negativas de los entes de control sobre la administración municipal. La situación llegaría a tal punto que hasta las incidencias penales aparecerían a poner en aprietos al alcalde Mello Castro González.

La situación es que el contrato de concesión para suministrar a las zonas urbana y rural la operación del alumbrado público está por caducar y ante eso quedan dos caminos: renovar con Unión Temporal Alumbrado Público e Iluminación, Utapi, o generar un nuevo contrato con otro particular.

La primera decisión garantizaría la continuidad en el alumbrado público, pero al tiempo es decirle al criticado (con razón o sin ella) concesionario que siga su marcha. La segunda decisión, por la que parece se ha inclinado el gobierno en turno, es la sentencia de someter a la oscuridad a una ciudad que no pasa por un buen momento de seguridad: las tinieblas sería, por lo menos, durante un año, como ordena el proceso de ley para que una administración se haga a estos servicios de un privado.

Portada conoció que se habría dejado de hacer un ahorro por parte del Municipio con la empresa comercializadora del servicio de energía eléctrica, por falta de tramitar una documentación ante esa firma; esto se traduce en que Valledupar habría incurrido en un detrimento superior a los cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000).

Factores como la inseguridad se incrementarían, por cuenta de la falta de alumbrado público.

Cronología de una advertencia

Para que el servicio de energía eléctrica funcione es necesario que exista el contrato con un operador, un asunto que no es capricho sino mandato normativo en Colombia.

En Valledupar el alumbrado público está concesionado desde 1997, cuando el 3 de marzo se suscribió la concesión para la operación, administración y mantenimiento con la Unión Temporal Industrias Philips de Colombia-Diselecsa Ltda e Ism Ltda.

Pero, el 22 de abril de 2005 entró en escena la Unión Temporal Alumbrado Público e Iluminación, Utapi, puesto que hicieron una cesión de contrato, el mismo que el 31 de enero de 2007 se reestructura y se fija como fecha de terminación el 30 de abril de 2022.

Es preciso aquí donde empieza la gravedad de la situación: luego de que se conozca el nombre del quinto rey de reyes del Festival de la Leyenda Vallenata empezaría a ‘reinar’ la oscuridad del alumbrado público en Valledupar, en caso de que no se fije un acuerdo con el actual operador.

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La balada del acuerdo

Un documento conocido por Portada establece que no existe voluntad alguna por el Municipio para mantener a Utapi como operador del servicio de alumbrado pública, pese a las consecuencias que eso puede acarrear.

Para contratar a un nuevo operador, la Alcaldía debió, por lo menos (a juicio de abogados consultados) iniciar el proceso de contratación un año atrás, puesto que para ello se requería de un estudio con componentes técnicos y financieros, para que la contratación se hiciera sólida.

Pero, solo hasta el 9 de febrero de 2022 se abrió el proceso para “estudio para la modernización, reposición, expansión, administración, operación y mantenimiento, sostenibilidad económica y ambiental del sistema de alumbrado” y el 25 de marzo de 2022 fue adjudicado al Consorcio Alumbrado Público Valledupar.

Sin embargo, solo hasta finalizar julio (según los términos de este contrato) llegaría al despacho del alcalde Mello Castro González el resultado de este estudio, que sería solo el primer insumo para abrir licitación y encontrar el nuevo operador del servicio de alumbrado público.

Estamos hablando de que a esa fecha ya Valledupar llevaría 3 meses a oscuras.

El proceso luego tendrá que pasar al Concejo de Valledupar y surtir todas las discusiones a las que tenga menester, en caso de autorizarse entonces se va a buscar a ese operador y aguardar los tiempos de Ley de Garantías. Todo el proceso advierte que llegaría diciembre y Valledupar seguiría a oscuras.  

Portada consultó con un alto funcionario de la Alcaldía de Valledupar (que pidió reserva de su nombre) y se le preguntó sobre la pertinencia de que fuera la misma Alcaldía la que operara el alumbrado público, pero entregó argumentos jurídicos en sentido de “falta de idoneidad en experiencia, recurso humano y técnico”.

El posible detrimento

Portada accedió a una serie de documentos de los que se podría deducir que la Alcaldía de Valledupar habría incurrido en detrimento patrimonial, al no contestar solicitudes de Electricaribe en su momento y ahora Afinia, para que el alumbrado público le costara menos al Municipio, generando así un gasto superior a los $2.000 millones por año.

El 15 de julio de 2020 y con el radicado 2020034200068291, la empresa Electricaribe (luego Afinia) le envió un documento de 6 páginas al alcalde Mello Castro González, en el que, bajo la firma de Jorge Rivero Cuadro como gerente de la empresa, le advierte sobre la necesidad de firmar el contrato de suministro de energía que permitiría, además de aplicar la tarifa regulada, el hecho de que Valledupar no quedara a oscuras.

“Así entonces, resulta de obligatorio cumplimiento la suscripción del Contrato de Suministro de Energía con destino al Alumbrado Público que desde el pasado 22/11/2019 fue entregado a su despacho. En el evento de no contar con la suscripción formal de este contrato, ELECTRICARIBE se verá en la penosa obligación de proceder con la desconexión del servicio de alumbrado público”, establece el documento en su página 3.

Ese mismo documento, pese a que es enviado por el comercializador, le advierte a la Alcaldía que no vaya a incurrir en sobrecostos o lo que para el caso de lo público es un detrimento patrimonial.

“Por otro lado, el Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto 943 de 2018, establece en su artículo 2.2.3.6.1.5. lo siguiente: ARTÍCULO 2.2.3.6.1.5.-Contratos de suministro de energía. -Los contratos para el suministro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público se regirán por las disposiciones de las leyes 142 y 143 de 1994, y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Adicionalmente, el contratante velará por que el proceso contractual y la suscripción del documento respectivo se realicen con la suficiente antelación y en la cantidad de energía necesaria, con el objetivo de evitar sobrecostos en la prestación del servicio de alumbrado público y brindar estabilidad frente a la volatilidad del costo de la energía eléctrica”, advierten.

El lunes 18 de abril de 2022 se adelantó en el Concejo de Valledupar un debate de control político en el que el tema central fue el servicio de alumbrado público, citando Municipio y al privado de la concesión. Este fue el segundo intento de este debate.

Los concejales, precisamente para este debate, enviaron un cuestionario que respondió la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Cecilia Rosa Castro Martínez, y una de sus respuestas advierte: “Actualmente la minuta propuesta por la empresa Caribe Mar de la Costa para el contrato de suministro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica del Municipio”. 

Pero, preciso en la minuta propuesta por la representante legal de Caribe Mar-Afinia, Blanca Ruiz, en 2020, en su parágrafo de la Cláusula Sexta (precio de la energía), a la que hace referencia la respuesta de la jefe de Planeación, establece: “Por la naturaleza del servicio, las partes acuerdan que en caso de que el cliente guarde silencio sobre las tarifas no reguladas a aplicar durante la prórroga, éstas se entenderán aceptadas”.

El MUNICIPIO DE VALLEDUPAR sólo hasta el nueve (9) de febrero de este año, decidió dar apertura al proceso CMA-SGR-001-2022, cuyo objeto consiste en un “estudio para la modernización, reposición, expansión, administración, operación y mantenimiento, sostenibilidad económica y ambiental del sistema de alumbrado”, que resultó adjudicado mediante acto administrativo No. 000845 de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022) el CONSORCIO ALUMBRADO PÚBLICO VALLEDUPAR APV.

¿Mal manejo de lo recaudado?

Los habitantes de Valledupar, en el recibo del servicio de energía eléctrica, por concepto de alumbrado público hacemos dos pagos: uno está relacionado con el impuesto de alumbrado público y el otro es por el servicio de alumbrado público como tal.

Con el impuesto, la Alcaldía se hace a un presupuesto que debe tener como destino el pago de la energía que consume el servicio de alumbrado público, esto es la energía que consumen las luminarias existentes en el Municipio.

Pero también, ese dinero está destinado a cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento de toda la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público y a la realización de las expansiones del servicio de alumbrado público.

En palabras más directas, el Municipio debe tomar ese dinero para ordenarle al operador que instale luminarias adicionales a las existentes, lo mismo que la infraestructura necesaria para la instalación de las mismas, tales como postes, redes, transformadores, protecciones y herrajes en avenidas, parques y escenarios deportivos.

Sin embargo, han pasado varias administraciones que no han hecho efectivo el destino específico de este impuesto, sino que lo han hecho a medias y sin control y vigilancia de entidades del control fiscal y Concejo.

Otros gastos de ley para este recaudo son servicios profesionales, financieros y técnicos relacionados con la facturación y cobro del impuesto, el pago de la administración de dichos recursos y la Interventoría de todos los contratos y procesos relacionados con el Alumbrado Público en general.

Las tarifas para este recaudo se establecieron así por el Concejo de Valledupar: 10% para el uso residencial de la energía eléctrica; 14% para el uso no residencial de la energía eléctrica; y 5% adicional en el mes de diciembre de cada año, con el propósito de atender los costos de la energía que consume el Alumbrado Navideño.

El delicado tema de si Valledupar y sus corregimientos se quedan a oscuras está en manos del alcalde Mello Castro González.